La investigación iniciada por el presunto fraude de la firma Nupel por el que fue detenido el empresario Jorge Dorribo, todavía en prisión, y que motivó la imputación del director del Igape, Joaquín Varela de Limia (apartado temporalmente del cargo), y el subdirector Carlos Silva, se extiende a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que dirige Agustín Hernández. La juez Estela San José ha llamado a declarar en calidad de imputada a la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y a otros dos subdirectores de este departamento.
Según publicó ayer La Voz de Galicia, lo que investiga la juez son contrataciones por parte de la Subdirección de Estradas con la firma Proitec, la misma que presuntamente gestionaba los proyectos para las empresas de Dorribo, a quien las fuerzas de seguridad consideran el personaje central en la Operación Campeón. Después de recabar distinta documentación en la Xunta y de escuchar el testimonio de un ingeniero de la Xunta, la magistrada ha citado como imputados al actual subdirector general de Estradas, Mateo Maigler, a su antecesor, Luis Miguel Muñoz y al subdirector general de Planificación, Antonio López Blanco. Al contrario de lo que sucedía cuando estaba en la oposición, cuando reclamaba dimisiones cada semana, el secretario general del PP y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, reivindicó ayer "la presunción de inocencia de los cargos del Gobierno gallego. Subrayó que su actitud en casos como este siempre fue la misma: "máximo respeto a las instancias judiciales, máxima colaboración y derecho a la presunción de inocencia de cualquier persona".
Caso Unións Agrarias
Precisamente ayer, también pasaron por el juzgado de Santiago cuatro funcionarios del Gobierno gallego para declarar sobre la actuación de la Xunta en la investigación de organizaciones vinculadas a Unións Agrarias. Por este caso, también están imputados dos directores generales de la Consellería de Presidencia y de la de Traballo, después de que el sindicato agrario denunciase por prevaricación administrativa al Gobierno gallego.
La declaración de los funcionarios, que no ha trascendido, está relacionada con las visitas e inspecciones realizadas por personal de la Consellería de Presidencia y Traballo en las sedes de 13 asociaciones que habían recibido ayudas de la Xunta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de julio de 2011