Esta mañana acudirá a declarar al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante el promotor Enrique Ortiz, imputado por las supuestas ilegalidades cometidas durante la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, a consecuencia de las cuales el fiscal le atribuye la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada.
Los hechos por los que se le acusa se resumen en la solicitud de información del PGOU a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, al objeto de influir a través de diferentes contactos en la redacción del plan y de comprar terrenos para su futura recalificación tras la obtención de la información privilegiada. Para conseguir todo ello, Ortiz habría colmado de regalos a ambos, según se desprende de la investigación policial.
Esta será la segunda declaración judicial de Ortiz. Hace casi un año, el 8 de julio pasado, prestó otra en Orihuela por la causa de la adjudicación de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, en la que también está imputado por los supuestos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
La esposa de Ortiz, María Manuela Carratalá, también está citada para declarar mañana, imputada por uso privilegiado de información y participación en un delito de cohecho tras dar cobertura al promotor en la gestión de los regalos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de julio de 2011