Las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se guardan en un armarito color gris en un juzgado de Sevilla, deben ser devueltas a los archivos de la Administración autonómica. Así lo ordena la Audiencia de Sevilla en un auto con fecha del 5 de julio en el que estima los recursos interpuestos por la fiscalía y los letrados de la Junta de Andalucía contra la decisión de la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos.
La sección séptima da un varapalo a la juez que, en un insólito auto fechado el 4 de abril, dio un plazo de 72 horas a la Junta para que le entregara todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 hasta ahora. La instructora adoptó como medida cautelar requerir esta información a la Junta, en sobres lacrados y sellados, "para evitar, en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes" de las actas, hasta en tanto se resolvía el conflicto de jurisdicción planteado por el Gobierno autónomo que preside el socialista José Antonio Griñán.
La instructora lleva tres meses sin elevar el conflicto de jurisdicción
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El Ejecutivo andaluz entiende que debe ser el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que depende del Tribunal Supremo, el único que tiene competencia para ordenar si hace públicas o no las actas. La Junta considera que son secretas y que solo el Consejo de Gobierno es el que tiene potestad para decidir cuándo se hacen públicos, según la ley de Gobierno de la comunidad. Además, cree desproporcionado el que la juez pida todas las actas y no aquellas que entiende necesarias para la investigación penal.
La juez debería haberse inhibido en el mismo momento que la Junta planteó este conflicto a primeros de abril pasado, pero ya han transcurrido tres meses y Mercedes Alaya sigue sin dar su brazo a torcer. La juez justificó esta demora a la espera de que la Audiencia sevillana se pronunciara "por coherencia procesal".
El tribunal da la razón a los argumentos de la fiscalía y de los letrados de la Junta, que alegan que la medida cautelar de Alaya "no es necesaria ni proporcional" y carece de motivación. Y deja sin efecto la decisión de la juez. En el auto, la Audiencia recuerda lo que dictamina la ley orgánica de Conflictos Jurisdiccionales, que en su artículo 11.1 señala que el juzgado "tan pronto como reciba el oficio de inhibición" suspenderá el procedimiento hasta la resolución del conflicto. Con carácter provisional sí puede el instructor adoptar medidas imprescindibles, "para evitar que se eluda la acción de la justicia, que cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables".
"Ninguno de los tres supuestos", dice el tribunal, se da en la medida cautelar dictada por Alaya el 4 de abril, que sustenta en "una mera hipótesis". Los magistrados de la sala séptima añaden: "Sin que se detalle ni razone en qué datos fácticos se apoya tal desconfianza, como corresponde en una resolución del calado de la impugnada, más si cabe si con ella se plantea la posibilidad de un actuar ilegal por parte de los de los poderes del Estado" como el Gobierno andaluz.
Este es el primer revés de la Audiencia a la instructora del caso de los ERE, que en otro auto de fecha 20 de junio sí le dio la razón al entender que las actas del Consejo de Gobierno no son secretas, sino las deliberaciones.
Las 480 actas están guardadas en 11 sobres lacrados que fueron depositados en un armario blindado custodiado por la Guardia Civil en los juzgados de Sevilla.
El Gobierno, que pedirá ahora a la juez que le devuelva la documentación requerida, ya pidió al Tribunal Supremo el 23 de mayo su intervención ante la decisión de la juez de no inhibirse en el conflicto de jurisdicción. Fuentes del Ejecutivo andaluz mostraron ayer su "satisfacción" por que la Audiencia haya anulado la petición de las actas, una reclamación que entiende le ha hecho "daño" y que ha contribuido a dar una imagen de "desconfianza entre instituciones del Estado innecesaria".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2011