Las empresas vascas incumplen la normativa estatal a la hora de reciclar el 62% de los residuos que generan en obras y demoliciones. Estas elevadas cifras han impulsado al Gobierno vasco a redactar un decreto con el que se endurecerán las condiciones y se tratará de reducir a un 30% los escombros que van a parar a vertederos de manera ilegal. No es para menos, ya que, además de los problemas medioambientales que acarrean, reparar el daño de estos vertidos cuesta nada menos que siete millones de euros cada año a las arcas públicas.
La nueva viceconsejera de Medio Ambiente, Arantza Leturiondo, y el director de Calidad Medioambiental, Juan Ignacio Escala, presentaron ayer el borrador de decreto, que afectará al tratamiento de los 1,3 millones de toneladas de residuos que Euskadi genera cada año. La medida podrá suponer un ahorro de 1,7 millones de euros e influirá a las empresas, ya que quienes realicen una pequeña obra en su hogar pueden llevar gratuitamente los escombros a un garbigune.
Se prevé enviar a los vertederos solo el 20% de los residuos clasificados
Desde finales de 2011 o principios de 2012, fechas en las que está prevista la publicación oficial del decreto, las empresas tendrán que pagar una fianza en los ayuntamientos -la cuantía será al menos del 120% del dinero que cuesta un estudio de la gestión de los residuos-. Solo se les devolverá cuando se compruebe a través de un sistema telemático que se han dado los pasos necesarios para tratar los desechos. Este procedimiento podrá ser visto tanto por quien contrata la obra -responsable último de ella- como por la Administración y por la empresa que la lleva a cabo.
Primero se clasificarán los materiales en el lugar de la obra. Este paso es obligatorio en la actualidad, pero solo se da con el 20% de los residuos. El objetivo es llegar al 60%. El 80% de los desechos restantes serán enviados a plantas de valorización en las que el 90% de estos materiales serán reciclados. De este modo solo el 20% de los residuos de la obra llegarán al vertedero.
No cumplir con la normativa supondrá quedarse sin la fianza, además de estar expuesto a las multas que recoge la legislación nacional. A pesar de este endurecimiento, "han sido empresas y el conjunto del sector" los que han pedido esta normativa, aseguró ayer Leturiondo.
La medida busca eliminar las escombreras ilegales y potenciar las plantas de tratamiento de estos residuos -en estos momentos hay legalmente dos en Vizcaya y una en Álava-. "Cambiar eso de golpe es difícil", reconoció Escala. Además, se busca aumentar la creación de áridos reciclados. Las administraciones están empezando a incluir porcentajes de estos materiales en los pliegos de condiciones para contratar constructoras.
El reciclaje de electrodomésticos es otro de los ámbitos en los que existen incumplimientos. En este sentido, explicó Escala, se están dando pasos para ensayar cómo controlar estas prácticas, ya que "es difícil" lograr protocolos que garanticen la legalidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de julio de 2011