La legalización del hotel Senator de Marbella que aprobó anteayer la junta de gobierno local vuelve a reabrir la controversia sobre la proporción de las compensaciones exigidas a los promotores de irregularidades urbanísticas para normalizarlas, de acuerdo al plan diseñado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El establecimiento del grupo Hoteles Playa, acabado de construir en 2006 sin que haya llegado a abrir, ha acordado con el Consistorio que entregará 3.600 metros cuadrados de una parcela anexa para la ampliación del actual palacio de ferias, a la que contribuirá con el 50% de las obras, unos 3,5 millones de euros. Además, abonará otros tres millones de euros en concepto de aprovechamientos urbanísticos y costeará las obras de urbanización del perímetro, estimadas en unos 350.00 euros.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, defiende el acuerdo porque la ciudad queda bien compensada y se facilita la generación de actividad económica y empleo al permitir la apertura del hotel.
La oposición considera que estas compensaciones son irrisorias. "No se cumplen las expectativas del municipio por un patrimonio que le fue hurtado", sostiene el portavoz socialista José Bernal. El PSOE insiste en que se tenía que haber sido más exigente con las compensaciones y recuerda que en principio se planteó que el edificio de apartamentos del complejo se destinara a residencia de mayores y al no hacerlo "se va a permitir que el promotor obtenga importantes beneficios".
El edil de IU Miguel Díaz entiende que "la alcaldesa vende como un éxito lo que es un fracaso para la ciudad porque el empresario que infringió la legalidad va a ver satisfechas sus ansias".
El hotel Senator se construyó con licencia anulada por los tribunales en una parcela que estaba reservada para equipamiento social. Sus promotores incumplieron varias órdenes de paralización y la comisión gestora lo precintó en 2006.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de julio de 2011