Leo en las páginas de EL PAÍS que 26 cargos institucionales están pendientes de renovar y que ello afecta directamente a órganos constitucionales de máxima importancia. Parece evidente que la renovación no se llevará a cabo hasta una vez celebradas las próximas elecciones generales, ya que el PP espera tener entonces una mayoría parlamentaria y, en consecuencia, una mejor posición para obtener una cuota mayor en esos órganos. También es de esperar que entonces el PSOE no muestre el obstruccionismo del que ahora mismo hace gala el PP y se conforme con colocar a un menor número de los suyos. Porque es de lo que se trata, cada partido intenta colocar el mayor número posible de personas afines en todos los órganos de este país.
En cuanto al Tribunal Constitucional, hay que pensar que hay que elegir a los mejores y parece obvio que los mejores jueces de este país, a priori, deberían estar en los puestos más altos del escalafón judicial y ser magistrados de nuestro máximo órgano jurisdiccional: el Tribunal Supremo. Proponer a un magistrado de la Audiencia Nacional para ser miembro del TC es como proponer a un profesor ayudante de derecho en lugar de a un catedrático de esa disciplina, que en principio parece mejor cualificado para ocupar un sillón en el Constitucional. El problema reside en que aquí hace mucho que dejó de importar proponer a los mejores, y los partidos tienen mucha gente a la que colocar que siempre guardarán la fidelidad debida, salvo honrosas excepciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de julio de 2011