El nuevo portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Ramiro González, reclamó ayer a Ezker Batua que esclarezca las "responsabilidades" que existan en ese partido en relación a la petición de puestos de trabajo y dinero que la coalición planteó al partido jeltzale a cambio de apoyar a su candidato a diputado general. González, a través de un comunicado, se refirió a las dos junteras de EB en la Cámara foral, Nerea Gálvez y Mertxe Etxezarreta, y afirmó que "no puede haber cargo público sobre el que recaiga la más mínima sospecha de corrupción".
El portavoz del PNV en las Juntas ha reclamado a Ezker Batua que esclarezca las "responsabilidades" que puedan existir en relación a las exigencias que un miembro de ese partido planteó a los jeltzales durante la negociación, posteriormente frustrada, para que EB apoyara la candidatura de Xabier Agirre a diputado general.
Esas peticiones, que EB ha reconocido haber planteado pero que luego asegura que retiró de la negociación, consistieron en colocar a 39 afiliados de Ezker Batua y en facilitar la concesión de un crédito de 600.000 euros a la organización, todo ello a cambio de su apoyo al candidato jeltzale a diputado general. Por otra parte, González, hasta ahora portavoz suplente en la Cámara foral, advirtió de que "con el Partido Popular en la Diputación, Álava será regida por un gobierno débil y que no representa el sentir de la sociedad alavesa". En la misma línea, señaló que tras la investidura de Javier de Andrés como diputado general, Álava "va a tener que hacer frente a cuatro años que se presumen muy complicados política y sobre todo económicamente, con un gobierno débil y que no representa el sentir de la sociedad alavesa, donde el voto abertzale es mayoritario".
Absolución para Otegi
Por otra parte, el coordinador general de EB, Mikel Arana, exigido ayer la absolución de todos los procesados en el caso Bateragune, entre los que figuran los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y Rafa Díez, "a la vista de la falta de base de las acusaciones y el escaso o nulo valor probatorio" de las pruebas. En una nota, Arana denunció, además, el "uso abusivo" de las medidas cautelares, que han incluido "una prisión preventiva de mas de dos años y medio para varios imputados".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de julio de 2011