Vigilancia mutua en el mayor gobierno que comparten Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP): la Diputación de Barcelona. El pleno de la institución provincial constituyó ayer su Ejecutiva, que consagra el poder equitativo que ambas fuerzas pactaron tras las municipales del 22 de mayo. Cada área dirigida por una formación tiene su contrapeso en el partido socio. Ello amplía el engranaje directivo: el gobierno provincial está formado por 25 miembros, frente a las 13 áreas del anterior mandato.
Uno de los casos significativos de la vigilancia entre socios es el del área de Cultura. CiU intentó hasta última hora disponer de esta cartera, a cambio de ceder los medios de comunicación provinciales al PP. Los conservadores no aceptaron; así, la política cultural será responsabilidad de la concejal popular de Rubí (Vallès Occidental) Mònica Querol y Comunicación seguirá adscrita al presidente. Querol formará parte de la vicepresidencia segunda, que ocupa el convergente Ferran Civil. Además se crea la figura del adjunto a Cultura, que ocupará el concejal barcelonés Jaume Ciurana. Se puede decir que CiU seguirá el entorno cultural de cerca. Bibliotecas, archivos, museos locales y mantenimiento del patrimonio artístico local son algunas de las atribuciones de la Diputación. Además, tiene protagonismo en entidades como el Centro de Cultura Contemporánea (CCCB) y representación en varios consorcios, como el del Teatre Lliure.
Con la consecución de Cultura, el PP aumentará su gestión del presupuesto provincial: controlará aproximadamente 160 millones de euros del total de 660. En el pleno de la Diputación que aprobó el cartapacio, el presidente, Salvador Esteve, anunció una reducción del 10% de su sueldo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de julio de 2011