Con penas que conllevan hasta cuatro años y ocho meses de cárcel y multas que en algunos casos se elevan a los 46 millones, la Audiencia de Pontevedra condenó a 30 de los acusados en la Operación Cormorán contra el blanqueo de dinero como testaferros del fugitivo narcotraficante Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, y solo absolvió a dos de ellos. El tribunal de la Sección Segunda presidida por el magistrado José Juan Barreiro prácticamente mantuvo inamovibles las líneas de acusación del fiscal sobre los principales imputados que no aceptaron los hechos a cambio de rebajas en sus condenas.
Para los acusados que no alcanzaron un acuerdo de conformidad el tribunal impuso penas de entre seis meses y un año de prisión y solo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a cuatro de los principales testaferros de Pouso Rivas por delito continuado de blanqueo de dinero. Es el caso de las ex compañeras sentimentales de Pelopincho, las brasileñas Teresinha de Jesús Carvalho y Lidia Niele Maia Costa, que además tendrán que abonar una multa de 8,1 millones. También para Benito Suárez Bouzón y Antonio Gómez Eiras se impuso la máxima condena aunque el primero tendrá que indemnizar al Estado con 46 millones de euros y 1,35 millones el segundo.
"Se ha podido constatar un inusual incremento del patrimonio de todos ellos, que no pudieron explicar dentro de los más elementales parámetros de normalidad por la ausencia de unos negocios lícitos y de un volumen tal que solo les permitiese una vinculación con el tráfico de drogas", señala el fallo.
Sin embargo el tribunal rebajó la pena y las multas que había solicitado el fiscal para algunos familiares de Pelopincho como son sus hijos, José Angel y Vanesa Pouso, su padre, José Pouso Martínez, y su hermana María José Pouso Rivas, que apenas tendrán que abonar una indemnización de un millón de euros.
Para otros 24 procesados que confesaron los hechos, las penas no superan los seis meses por un delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas y multas que van desde los 18.000 al millón de euros.
El fallo también acuerda el comiso definitivo y adjudicación al Estado de la totalidad de los bienes patrimoniales intervenidos en la causa, además de joyas y dinero. El tribunal dedica una gran parte del fallo a desestimar las tesis de algunas defensas que plantearon la nulidad del proceso por la ausencia del principal implicado, Pouso Rivas, y por la falta de motivación de las investigaciones y de las escuchas telefónicas.
El origen del proceso, dice el fallo, estuvo en la acusada Teresinha de Jesús Carvalho, "cuyo nivel de gasto descomunal despertó comentarios de todo tipo en el lugar donde vivía". La sentencia rechaza los argumentos de Carbalho, que achacó su dinero a ingresos de la prostitución y la lotería. "Parece que hay zonas de Galicia y gente dotada de una suerte envidiable", ironiza el tribunal. "Sencillamente no resulta creíble, sobre todo cuando brilla por su ausencia cualquier mínima justificación".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de julio de 2011