El principio de acuerdo entre Gobierno y sindicatos para integrar a los empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social no ha tenido en cuenta que la mayoría de los empleadores no son más que humildes pensionistas que necesitan una persona en casa pero carecen de beneficios y plusvalías que les permitan mantener empleados.
Como a estos no se les pueden negar sus derechos laborales, debería ser el Estado, a través de ayudas a la dependencia de cuantía proporcionada a las necesidades, el que se hiciera cargo del gasto inasumible para los pensionistas que supone mantener los derechos reconocidos a los empleados de hogar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de julio de 2011