Por ahora han soslayado el enfrentamiento manteniéndose sobre el único suelo común que pisan ambos, Comunidad y Ayuntamiento: las competencias impropias son un problema. A partir de ahí, sus reflexiones son antagónicas.
La Comunidad cree que los Ayuntamientos "no se han ajustado a la ley" y de "forma unilateral", en ocasiones con fines políticos, se han extralimitado. Ayer, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, logró sacar una lectura optimista de esa postura: "Me parece positivo que reconozcan que prestamos servicios que no deberíamos, históricamente lo han negado".
La Comunidad cree que los Ayuntamientos han hecho demasiadas "concesiones a las demandas ciudadanas", tan "infinitas" como "insostenibles". Así, han asentado "derechos universales" que no lo son. Ante esa interpretación, que parece abocada a un recorte de esos servicios doblemente impropios, Gallardón aduce: "El Gobierno regional lógicamente no querrá que esas competencias se dejen de prestar". Y plantea: "O la Comunidad asume su gestión directa, o se la encomienda a los Ayuntamientos con financiación".
Se refiere el alcalde a servicios como el Samur, las becas comedor, los centros de mayores o las ayudas a personas sin hogar. Competencias que ofrece el Ayuntamiento pero que no está obligado por ley a dar. Competencias que la Comunidad no se cree obligada a sufragar y tal vez tampoco a asumir. Competencias que de impropias pueden pasar a huérfanas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de julio de 2011