El primer informe del Consello Económico e Social (CES) de la era Corina Porro es un nuevo varapalo a una ley de la Xunta, en este caso la reguladora de la política industrial de Galicia, elaborada por la Consellería de Economía e Industria. El dictamen del CES critica, entre otras cuestiones, que no se contemple de forma suficiente "la importancia de la política industrial como elemento esencial para la creación de empleo".
El documento del CES, aprobado sin votos particulares, formula 55 alegaciones al anteproyecto de la consellería de Javier Guerra. En su análisis de la norma propuesta por la Xunta, denuncia la "ausencia de una visión más integradora de los diferentes ámbitos de actuación de la política industrial" que puede desarrollar la Xunta en ejercicio de sus competencias, y que "ciña la regulación a la esfera de trabajo de la consellería".
"Se pierde la oportunidad de abarcar en una misma norma unitaria otros importantes aspectos relativos a la actividad industrial en Galicia", añade el dictamen del Consello Económico e Social, que propone, por ejemplo, la integración de la normativa en seguridad industrial o la regulación de todo lo referido a calidad industrial.
Ciclos completos
El anteproyecto, continúa, "se limita a actuaciones de carácter horizontal", sin tener en cuenta "la necesidad de elaborar políticas industriales sectoriales". Además de la desatención a la creación de empleo, el CES denuncia la "ausencia de mención a los servicios inherentes a las actividades industriales". El informe considera que "sería necesario desarrollar una política industrial activa" por parte de la Xunta. Para ello, propone líneas de trabajo a favor de la diversificación y de "la instalación de actividades susceptibles de aportar ciclos productivos completos".
También echa en falta el CES una apuesta por la participación pública en sectores estratégicos de la economía gallega, "que dinamicen las actividades productivas vinculadas a la explotación racional de los recursos naturales de Galicia". El informe critica el protagonismo que la ley concede a los clusters, que reciben "un tratamiento favorable" de la Administración, cuando existen otro tipo de actividades que merecería un apoyo semejante. El dictamen incluye una denuncia del abuso por la Xunta de la tramitación por el procedimiento especial de urgencia, que reduce a un tercio el período para emitir el informe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de julio de 2011