El PNV pidió ayer que se revoque la decisión de vender 3.000 viviendas protegidas a un inversor privado. La iniciativa, aprobada el martes por el Gobierno, supondrá, según el Departamento de Vivienda, que los residentes en Euskadi puedan acceder a 4.000 VPO de alquiler.
El portavoz jeltzale en materia económica, Ricardo Gatzagaetxebarria, aseguró que esta operación "es ilegal porque no se puede vender patrimonio público a precio de protección oficial y luego alquilárselo a un inversor privado a precio de mercado". De las 4.000 viviendas, 1.072 son viviendas sociales de Alokabide y otras 1.875 están siendo construidas por Visesa, ambas sociedades públicas. Estas viviendas serán compradas por un inversor privado -las restantes las construirá él mismo-. El inversor cederá los pisos al Gobierno para que puedan ser utilizados en régimen de alquiler por los solicitantes de Etxebide.
Egibar aseguró que no se van a construir 4.000 viviendas con un inversor, sino que se le venderán 3.000. "Quieren hacer caja para ocultar su mala gestión, para intentar de alguna manera, con esos 275 millones de euros [que recibirá], maquillar un final de legislatura que se les atraganta", criticó el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar. A ojos de Gatzagaetxebarria, se trata de una "operación de ingeniería financiera que no entendemos", que privatiza la vivienda pública. Por ello, el PNV lanzará varias iniciativas para paralizar la medida.
La consejería defendió ayer en un comunicado la legalidad de esta operación y aseguró que los pisos permanecerán en el mercado protegido por contrato. Además, recordó los cambios que ha dado al publificar Alokabide y señaló que la medida permite tener VPO de alquiler y aporta financiación para seguir construyendo. Promover el alquiler público "requiere de fórmulas imaginativas y novedosas" concluyó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de julio de 2011