Tras la caída de Camps, por un quítame allá esos trajes, los exabruptos de Cospedal y el miedo de Rajoy al protagonismo de Aguirre, Feijoo parece asumir el papel de portavoz oficial del PP autonómico, olvidándose de que representa y debería defender a Galicia. Calificar de "decepcionante y pérdida de tiempo" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se debatían aspectos del modelo de financiación autonómica y las condiciones del pacto de estabilidad, formaba parte del guión y no sorprendió a nadie.
Tristemente, la financiación autonómica se ha convertido en un arma arrojadiza contra el Gobierno y el parapeto tras el que ocultar los problemas propios de las comunidades autónomas. ¿Quién renunciaría a reclamar más recursos?, con la caída de ingresos derivada de la crisis y el incremento de las necesidades sociales, ¿quién no los necesita? En este contexto de ajuste, las posiciones más beligerantes son directamente proporcionales a la ausencia de iniciativa y liderazgo propio y reflejan la ausencia de soluciones frente a la crisis.
Si la derecha recupera el poder el 20N, esa misma noche aparcará sus compromisos electorales
En Galicia, transcurrida media legislatura desde la restauración popular, sabemos que las recetas conservadoras frente a la crisis no dan resultados. Que los que prometieron reactivar la economía, generar empleo y mejorar los servicios públicos, lideran la destrucción de empleo en España, ralentizan el ritmo de convergencia de Galicia con España y son hoy responsables del incremento de las listas de espera, del cierre de escuelas y especialidades o de privatizar la sanidad.
Frente a la evidencia de los datos y fiel seguidor del manual del dirigente popular, el Gobierno gallego externaliza sus responsabilidades pretendiendo diluir el coste político de su mala gestión y el abandono de sus compromisos electorales. Primero fue el supuesto burato dejado por el gobierno anterior, desmentido por la propia intervención general de la Xunta y por el informe del Consello de Contas. Agotado este argumento, pasaron a denunciar un burato de 2.600 millones de euros como consecuencia de los anticipos concedidos por el Gobierno central en los años 2008 y 2009. Más allá de que este gobierno, tan riguroso en sus estimaciones, inflase esta cifra en más de 425 millones, es difícil entender que se denomine a esta cuantía "agujero financiero" cuando esta expresión describe una falta o pérdida injustificada de recursos. Galicia, en aplicación estricta de la ley de financiación y como consecuencia de la menor actividad derivada de la crisis, recibió anticipos del estado por valor de 2.173 millones más de los que le correspondían, de los cuales 1.600 correspondieron al año 2009, fueron gestionados por el gobierno actual y le permitieron cerrar el ejercicio cumpliendo los objetivos de déficit. Nada de "agujero", todo lo contrario, cuentas claras, transparencia y solvencia.
Intentando ocultar el deterioro del empleo, el repertorio de excusas y cortinas de humo se extendió al escandaloso borrado de parados a través del código s-698 y a la reclamación de una supuesta deuda de 805 millones del modelo de financiación, cifra sobre la que no se facilita información a la oposición por más que la reclama. Curiosamente, de todos estos millones que supuestamente nos corresponden, Galicia sólo reclamó en el CPFF los 243 millones del anticipo del fondo de cooperación que incorporó en el presupuesto de 2011.
Resulta contradictorio que quien acusó al Gobierno anterior de mala presupuestación, a pesar a que todos los ejercicios de la legislatura pasada se cerraron con ingresos superiores a los previstos y de que se actuó siempre dentro de los márgenes de la ley de financiación, cumpliendo la limitación de déficit y reduciendo el peso de la deuda pública, decidiera incluir en el presupuesto de este año 243 millones cuando conocía la negativa del Ministerio de Economía a abonar esta partida en cumplimiento del acuerdo firmado por el presidente Feijóo. Más sorprendente resulta que actúe así quien presumía de que su Gobierno nunca inflaría los presupuestos y ahora, cuando debe realizar ajustes para corregir el desfase de ingresos que provocó, pretenda trasladar su responsabilidad a Zapatero, al tiempo que confiesa que Rajoy no podría abonar esos recursos aunque ganase las próximas elecciones.
Es posible que tras el 20N la derecha española recupere el poder. Si así ocurre, lo que es seguro es que esa misma noche aparcará sus compromisos electorales y empezará a desvelar su programa oculto de recortes y, con idéntica rapidez, una vez instalado el Gobierno amigo en Moncloa, Feijoo olvidará los plazos del AVE y los problemas del modelo de financiación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de agosto de 2011