Una piscina sin licencia y no acatar las órdenes de un juez es lo que ha llevado a Núria Roig, vecina de Anglesola (Urgell) a terminar entre las rejas de la cárcel de Ponent, en Lleida. La mujer, de 61 años, fue condenada por la Audiencia de Lleida a un año y nueve meses de prisión por construir una piscina en un terreno no urbanizable. Al ser el castigo judicial inferior a dos años y no tener antecedentes penales, Roig podía librarse de la cárcel si pagaba una multa de poco más de 2.500 euros y demolía el equipamiento. No hizo ninguna de las dos cosas.
En el juicio, la acusada dijo que el concejal de Urbanismo le había dado consentimiento verbal para iniciar las obras. La alcaldesa, Rosa Maria Mora (CiU), señala que fue ella misma quien avisó a la condenada de que no podía construir la piscina. Mora sostiene que ha hecho todo lo posible para que la situación no llegara hasta este extremo, pero añade que su convecina "se ha reído del pueblo y del juez".
La pesadilla empezó hace cinco años, cuando Roig, propietaria de la única casa de turismo rural del municipio, inició las obras. De inmediato, el Ayuntamiento la avisó de que el terreno no era urbanizable y que, además, una parte iba a ser expropiada para construir una rotonda. Roig desobedeció. "Sin la piscina, el negocio no funcionaba", asegura la hija de Roig.
El letrado de la defensa, David Vicente, declaró ayer que estudia pedir la libertad condicional para Roig si esta se compromete ahora a demoler la piscina y pagar la multa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de agosto de 2011