La crisis y los progresivos recortes presupuestarios se siguen cebando con los más desfavorecidos, en este caso el colectivo de parados. Un total de 206.870 de los 519.180 parados inscritos en las oficinas del Servicio de Empleo Valenciano en el primer semestre de este año no tiene ninguna prestación por desempleo.
Esta cifra, que en términos porcentuales representa el 60,16%, significa una caída del 10,4% respecto a la registrada en el mismo periodo de 2010. Los datos están recogidos en el informe sobre la evolución comparativa de las prestaciones por desempleo 2010-2011 difundido ayer por el sindicato CC OO.
El informe del sindicato subraya que los índices más bajos de protección se registran en la provincia de Alicante con el 56%,4, seguido de Valencia con el 61,36 y de Castellón, con el 67,64%. En la provincia de Alicante en los primeros seis meses de este año hay un total de 88.242 parados que no cobran nada por desempleo; en Valencia, la cifra es de 99.258 personas; y en Castellón, 19.310.
CC OO pide que se agilice la gestión de la renta garantizada de ciudadanía
En función de estos datos, CC OO destaca las "desigualdades territoriales" que se producen en el ámbito de la Comunidad Valenciana a la hora acceder a la cobertura por desempleo de los parados.
CC OO también destaca que los recortes presupuestarios para cobertura de los desempleados se explicitan en el gasto global desembolsado para los pagos, que han pasado de 1.971 millones de euros en el primer semestre de 2010 a 1.696 en los primeros seis meses de este año, lo que supone una rebaja de casi 275 millones de euros.
En su informe, el sindicato constata, además, un aumento considerable de la precariedad en cuanto a la calidad de las prestaciones recibidas por los parados de Alicante, ya que las ayudas asistenciales (58,35% de total) superan ampliamente a las contributivas (41,65%). CC OO destaca que la media retributiva de las prestaciones asistenciales se sitúa en 426 euros mensuales, aunque la cifra varía en función de las cargas familiares. "Esta situación está abocando a miles de familias a una situación de vulnerabilidad social y económica, que se traduce en un aumento paulatino de los niveles de pobreza", señala el sindicato en su informe. "Las Administraciones deben habilitar y gestionar los programas necesarios para prevenir situaciones de exclusión social", añade.
La organización sindical también subraya que "es muy importante que tanto la Administración central como la autonómica apruebe una prórroga del Plan Prepara y que la Generalitat aplique la gestión de la renta garantizada de ciudadanía, para asegurar una atención rápida a personas con grandes dificultades económicas".
El sindicato considera que es básico el cumplimiento de plazos "razonables" para acceder a las ayudas. "Es un despropósito que en la actualidad la tramitación media para la concesión de estas ayudas supere los 12 meses", señala el informe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de agosto de 2011