Si Steve Job y Wosniak hubieran sido españoles e intentado fabricar sus primeros Apple en un garaje, posiblemente hubieran sido multados por su Ayuntamiento y su Comunidad Autónoma por no tener licencia de apertura, no estar ubicados en un polígono industrial, no estar dados de alta en actividades industriales y les hubieran clausurado el negocio. Apple no hubiera existido.
Hemos construido un enjambre de normas entre los Ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central por el cual el comienzo de la más mínima actividad económica genera un proceso en el que cada escalón lleva su peaje y acaba suponiendo un alto coste económico que pone en dificultad la viabilidad de la misma, cuando no la hace directamente imposible, caso de las rígidas normativas que se han cocinado en una dura competencia entre Ayuntamientos y comunidades autónomas a ver quién es más exigente y pone las sanciones más altas.
De paso, se fomenta la corrupción, que pueda resultar la única posibilidad para superar la interpretación de los funcionarios sobre las barreras reglamentarias.
Después nos preguntamos por qué otros países generan empleo y nosotros no. Somos los culpables de nuestra situación y mientras no seamos consciente de ello y reformemos nuestra exhaustiva reglamentación, en el sentido de eliminar toda la innecesaria, facilitar la apertura de actividades y eliminarles gastos y tasas, seguiremos igual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de agosto de 2011