Cada vez que los medios de comunicación nos descubren los sueldos que perciben algunos alcaldes y concejales, los niveles de indignación ciudadana crecen de manera exponencial. De igual manera que el Gobierno del Estado establece las retribuciones de los funcionarios a través del BOE, debería fijar los sueldos de los cargos electos municipales, en función del presupuesto, del número de habitantes o de cualquier otra variable que guarde alguna relación lógica con la carga de responsabilidad que se asume.
No puede ser que haya alcaldes cuyos sueldos se aproximen o incluso superen a los del presidente de su comunidad autónoma, cuando no al de un ministro, como tampoco es de recibo que sean los equipos de Gobierno municipales los que decidan cuántos ediles liberar, sin que el Estado establezca límite alguno. Con crisis y sin crisis, no es razonable.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de agosto de 2011