Un 40% de los encuestados no parece tener una idea clara de en qué consisten las políticas activas de empleo, cuya transferencia culminada en los últimos meses propició un acalorado debate en la arena política que marcó el primer tramo de la legislatura actual con un enfrentamiento entre Gobierno o PNV. Preguntados al respecto, un 8% consideró la transferencia al Ejecutivo autonómico como algo muy bueno, un 40% lo tildó de "bueno", un 6% de "regular" -una opción que no estaba entre las respuestas facilitadas por el encuestador-, mientras que un 5% la consideró mala o muy mala. El resto, 40%, no sabía o no quiso responder a la pregunta.
Una 64% de los encuestados por el Gabinete de Prospecciones Sociológicas de Lehendakaritza considera que está muy extendido el mal uso o fraude en las prestaciones de las ayudas sociales. El 75% de los consultados respondió que está de acuerdo con la iniciativa del Gobierno vasco de ejercer un mayor control y seguimiento de la concesión de estas ayudas, mientras que el 8% dice estar en contra.
A la pregunta de si está muy extendido el mal uso o fraude de prestaciones como la renta de garantía de ingresos, el 64% contestó afirmativamente, mientras que un 12% opinó que hay fraude pero no es para tanto y el 5% consideró que no existen esas irregularidades.
Además, el 67% de los encuestados se mostró a favor de que las personas que están en condiciones de trabajar y rechazan un empleo dejen de percibir dichas ayudas. En este apartado, el 14% matizó de forma espontánea que la retirada de la ayuda no debería de ser automática y que habría que tener en cuenta el tipo de trabajo rechazado. Por su parte un 10% de los interrogados indicó que las personas que logran un empleo no deberían de dejar de cobrar estas prestaciones sociales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de agosto de 2011