La diputada socialista Carmen Gallego acusó ayer a la Xunta de obstaculizar su labor de oposición en el Parlamento después de que el Gobierno rechazara su petición de documentos relacionados con la imputación de dos cargos de la empresa pública Sogama, acusados de tráfico de influencias. Gallego consideró que el "Gobierno tienen de subordinado al Parlamento" y anunció que la asesoría jurídica del partido estudiará otro procedimiento para reclamar los papeles. El PSdeG solicitó los contratos de los dos imputados, la sentencia de despido improcedente de uno de ellos, las adjudicaciones de la empresa, la relación de gastos de Sogama en servicios jurídicos externos y la vinculación del presidente de la sociedad con otras empresas, ya que el PSdeG afirma que está incurriendo en incompatibilidades. Sogama explicó en un comunicado que la información requerida se refiere a datos personales que no pueden ceder o a aspectos de un proceso judicial bajo secreto de sumario.
Gallego insistió en que Sogama "huele mal" y que el presidente de la Xunta y el titular de Medio Ambiente "tienen responsabilidades" en "una serie de irregularidades". Así, explicó que el PSdeG "sospecha" que Sogama está pagando la defensa jurídica de los imputados y que se está contratando asesores externos cuando la empresa cuenta con un servicio jurídico propio. Además, censuró que la Xunta no haya apartado a los imputados de su cargo. Sogama replicó que no participan en las contrataciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de agosto de 2011