Las Diputaciones prestan tres competencias esenciales para el municipalismo: recaudan sus tributos por delegación; prestan a los Ayuntamientos un asesoramiento económico-financiero, urbanístico, ambiental, informático, patrimonial, formación de empleados públicos, etcétera; y, por último, coordinan la Administración local con la autonómica y la estatal, para asegurar la cooperación a través de sus diferentes modalidades de planificación dirigidas a acercar los servicios urbanos a los núcleos de población. También desarrollan otras políticas: son titulares de establecimientos de asistencia social, de infraestructuras de tratamientos de residuos, conservan la red viaria provincial, fomentan actuaciones dirigidas a la promoción turística, promueven actos deportivos, contribuyen a la restauración del patrimonio arquitectónico, etcétera. ¿Qué se debería hacer entonces? Sin duda, acercar su ámbito competencial y su régimen electoral al de otras Corporaciones españolas: Diputaciones Forales vascas y Cabildos y Consejos Insulares. También se debería residenciar en el ámbito provincial un buen número de órganos autonómicos, con el fin de acercar aún más la Administración a los ciudadanos. Estos y otros muchos planteamientos evidencian que el debate también puede enfocarse desde la otra perspectiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de septiembre de 2011