Finalmente, el Ministerio de Economía y Hacienda se apiadará de los ayuntamientos que no cumplieron con sus obligaciones con las cuentas públicas en tiempo y forma. Al menos, hasta el 31 de septiembre. El departamento de la vicepresidenta Elena Salgado ha concedido un mes más de plazo a aquellos municipios que no liquidaron sus presupuestos de 2010 antes del 31 de julio, fecha en la que expiraba la primera prórroga concedida por el Gobierno central a la medida recogida en la Ley de Economía Sostenible.
Dicha norma establece que a partir de octubre el Estado no entregará los ingresos derivados de la recaudación de impuestos a los consistorios que el pasado 31 de marzo no hubieran cerrado el ejercicio fiscal del año anterior. A principios de julio, 105 alcaldes gallegos (5.126 en toda España) no habían formalizado el trámite, lo que llevó al Ejecutivo central a abrir una prórroga que expiró el 31 de julio. Ahora, la nueva moratoria, concedida después de que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) solicitara por escrito al Ministerio más tiempo para poner sus cuentas al día, permitirá a los 26 ayuntamientos gallegos, que, según datos del Ministerio de Economía, aún no habían remitido sus cuentas a 6 de septiembre, evitar que se inmovilice su participación en los impuestos estatales.
Ames, sin dinero
Entre las administraciones locales que se pueden beneficiar de la prórroga, otorgada tanto a las que la solicitaron de forma oficial como a las que no, Ames es uno de los consitorios que pueden ver más aliviada la asfixia financiera de sus arcas municipales. Su alcalde, el popular Santiago Amor, admite que, a día de hoy, el ayuntamiento "no tiene dinero para el gasto corriente". El nuevo plazo establecido por Hacienda permitirá al municipio coruñés fiscalizar sus cuentas, salvar los 400.000 euros mensuales que le corresponden de la recaudación de sus tributos y evitar impagos en los servicios y nóminas de los trabajadores, "que también podrían peligrar". Con todo, Amor considera que la prórroga es "insuficiente" y teme que los "esfuerzos de los trabajadores de los servicios económicos no lleguen a tiempo". De ser así, a la paralización de las transferencias del Estado se añadiría la obligación del municipio de devolver en cinco años cerca de 1.700.000 euros de liquidación negativa de 2008 y 2009.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 2011