La Fiscalía General del Estado va a investigar una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) según la cual se estarían percibiendo unas supuestas exacciones ilegales en notarías y registros con motivo de la cancelación de hipotecas.
El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, recibió la semana pasada una denuncia de la OCU en ese sentido, y con el fin de esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados ha ordenado una investigación.
La OCU denunció a la fiscalía que notarios y registradores "cobran de más", ya que mientras la cancelación de una hipoteca no debería llevar más de 70 euros de costes notariales, el importe medio de las facturas analizadas asciende a 260 euros. En el trámite registral, la minuta debería ser de unos 24 euros según la OCU, mientras que se pagan 144 euros de media.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de septiembre de 2011