El Gobierno de Baleares, del PP, cercenó ayer el aparato de los sindicatos en la Administración autonómica: los 89 "liberados institucionales", es decir, a tiempo completo, perderán su amparo y volverán a sus puestos de trabajo. Educación y Sanidad suman la mayoría. El Ejecutivo justificó esta decisión por "la grave situación económica". Además, los 221 liberados públicos por horas verán reducidas éstas.
Los sindicatos tendrán además que dejar sus sedes en edificios públicos -serán reagrupados en una sola- y dejarán de recibir las ayudas y los fondos para la Acción Sindical, 205.000 euros anuales en total. Las medidas afectan a UGT, STEI, CC OO, Cemsatse, USO, ANPE, CSIF y SAE.
El Ejecutivo de José Ramón Bauzá deja así sin efecto el Acuerdo de Acción Sindical que el expresidente Jaume Matas firmó en 2006 con las entidades sociales mayoritarias. Biel Caldentey, líder de STEI, mayoritario en la enseñanza, lo considera un "ataque ideológico contra los derechos de los trabajadores". "El Gobierno busca evitar testigos del proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de septiembre de 2011