ETA está bajo mínimos. Su poder en las cárceles mengua y se abren fisuras en la línea más dura del colectivo de presos de la banda terrorista. La izquierda abertzale quiere aprovechar la coyuntura para acercarlos hacia sus postulados, para lo que ha pedido al Gobierno, esta vez con publicidad de por medio, que les deje reunirse con los portavoces del colectivo en las prisiones.
Una delegación de representantes del Acuerdo de Gernika, entre los que se encontraban los dirigentes de Bildu Oskar Matute y Maiorga Ramírez y el veterano dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, viajó ayer a Madrid para pedir por escrito a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que no impida este encuentro. Aseguran que llevan desde febrero tratando, sin éxito, de llevarlo a cabo, y que obstaculizarlo es "contraproducente" para "lograr la paz". Quieren obtener la adhesión del colectivo al pacto, firmado hace casi un año, el 25 de septiembre de 2010, por una treintena de organizaciones del entorno de la izquierda abertzale que piden a ETA el cese definitivo de la violencia, pero también ciertos "pasos" y concesiones por parte del Estado.
La carta, entregada en el registro del organismo, fue también aprovechada para transmitir otras reivindicaciones: la derogación de la doctrina Parot, el acercamiento de los presos etarras al País Vasco y la aplicación de libertades condicionales y beneficios penitenciarios a todos los internos del colectivo. Pero la libertad condicional, por ejemplo -según la ley, no por una decisión del Gobierno-, solo se puede aplicar a aquellos que han rechazado la violencia y reconocido el daño causado, requisitos sobre los que no se entró a debatir ayer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de septiembre de 2011