En 2007 -último año de aplicación del impuesto de patrimonio antes de que el PSOE lo suspendiera alegando que recaía sobre la clase media- declararon por ese impuesto 981.498 personas; es decir, el 5,2% del total de contribuyentes de IRPF. De ellas, 94.066 personas (el 9,6%) declararon en los cuatro tramos más altos: más de un millón de euros. Y 143.530 (el 14,6%) en los tramos más bajos: hasta 150.000 euros.
Estaba obligado a presentar declaración todo aquel que tuviera un patrimonio superior a 601.000 euros o un patrimonio neto (la diferencia entre el valor de los bienes y el de las deudas) superior a 108.000 euros -aunque, al ser un impuesto cedido, varias comunidades habían elevado ese mínimo-. La vivienda habitual estaba exenta hasta un valor de 150.200 euros. El tipo del impuesto, dividido en ocho tramos, iba del 0,2% al 2,5%.
El Estado ingresó aquel último año 2.121 millones por patrimonio. De ese total, 1.527 millones (el 72%) los pagó el 9,6% de los contribuyentes (los que declaraban más de un millón). El 50% declaró menos de 300.000 euros, y aportó el 4% de lo recaudado. Esos pagaron 176 euros de media; los patrimonios de entre uno y 2,5 millones, 8.330 euros; y quien declaró más de diez millones pagó, de media, 169.000 euros.
Tras suspender el impuesto, el Gobierno compensó a las comunidades transfiriéndoles cada año un monto (similar a lo que han dejado de recaudar) que sale ahora de la recaudación general.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de septiembre de 2011