Acuciado por la oposición, que lo interpelaba sobre si Galicia optará por recaudar el impuesto de patrimonio -que previsiblemente hoy reinstaurará el Gobierno central a petición del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba- el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo afirmó el pasado miércoles que está a favor de subir las rentas altas. Lo hizo sin aclarar la posición que adoptará su Gobierno respecto a ese tributo. Ayer dio alguna pistas más.
La Xunta, vino a explicar, cobrará ese impuesto siempre que la recaudación supere el dinero que recibe del Gobierno central cada año desde 2008 como compensación por la supresión del tributo. Deslizó que, de lo contrario, optará por no recaudarlo. Y a continuación proclamó que esas decisiones las hablará con el futuro Gobierno, dando a entender que será un asunto que abordará con el líder de su partido, Mariano Rajoy, quien ya se ha mostrado contrario a su aplicación. Feijóo incluso copió un argumento de su jefe de filas al subrayar que ese impuesto no existe en ningún país de la Unión Europea.
¿Cómo encajará en la política fiscal su opinión favorable a que las rentas altas paguen más?, se le preguntó entonces a Feijóo. ¿Subirá el tramo autonómico del IRPF a quienes más cobren? El presidente escabulló la cuestión -su Gobierno ha rechazado esta idea varias veces en la legislatura- y citó el caso de los libros de texto, cuya gratuidad desde que llegó al poder ya no es universal y que Educación ya solo subvenciona a las personas con sueldos más bajos. "Me parece bien que las rentas altas hagan un mayor esfuerzo y en época de crisis lo pusimos en práctica, cambiamos el modelo de financiación de los libros de texto. En los libros de texto hicimos una diferencia entre las rentas altas y las rentas bajas". Glosó así su apuesta por la redistribución de la renta en el gasto, pero eludió cualquier debate sobre los ingresos y los impuestos, remiso como es a incrementar la carga fiscal siquiera a los más ricos.
La reunión semanal del Gobierno dio también para que la Xunta anunciase una inversión de 19 millones de euros dentro de un plan global de 64 millones para que Telefónica extienda la cobertura de Internet a 11.000 núcleos de población con 250.000 personal del medio rural. Y para que la Xunta anunciase otra vez más que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno central, al que acusa de haber incumplido el sistema de financiación autónomica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de septiembre de 2011