"La administración del Estado y la Xunta tienen que ponerse al frente de todo esto". "Todo esto" es el sector naval privado gallego, que solo en la ría de Vigo representa más o menos la mitad de la construcción de buques de España. La petición de auxilio la volvieron a realizar ayer las centrales sindicales en una jornada de huelga que terminó con una concentración de unas 700 personas en el edificio administrativo de la Xunta. España todavía no ha negociado en Bruselas una solución al instrumento de financiación de nuevos barcos que la UE ha prohibido. Tampoco se sabe nada del fondo de garantía que la Consellería de Economía se había comprometido a crear para avalar a los astilleros en sus nuevos proyectos. Y las suspensiones de pagos en cadena de los grandes astilleros siguen ahí.
El Gobierno central no ha negociado un nuevo sistema de financiación
"Vamos a ser inteligentes, vamos a sacarle la careta a muchos personajes de esta ciudad, los que se llevaron el dinero de nuestro esfuerzo", reclamó desde un improvisado atril el responsable de UGT, Diego Atanes. Respondía a las declaraciones del presidente de la patronal pontevedresa, José Manuel Fernández Alvariño, que en rueda de prensa atacó por "irresponsables" a los convocantes: "Después que no lloren cuando no haya carga de trabajo. No sé qué tornillos van a tirar por la calle, cuando esto sea un páramo industrial", dijo el lunes tras exigir la anulación de la convocatoria. Fue un día antes de asegurar que capitanea a un grupo de inversores dispuestos a inyectar hasta 2.000 millones en NCG Banco. "Parece que hay mucho dinero para comprar una caja pero no lo hay para invertir en el naval", ironizó Atanes.
Las suspensiones de pagos de Vulcano, Barreras o Factoría Naval, que dinamitan la situación de las de empresas auxiliares, están provocando nuevos despidos. "Traballo los está autorizando, parece que quieren dejar caer el sector", analizó César Rodríguez, el secretario nacional del naval en CIG. Ramón Sarmiento, de Comisiones, recordó que ni la patronal ni la administración se han parado a valorar el documento remitido la semana pasada por los sindicatos con una batería de medidas para solucionar la crisis. "Están más interesados en que la Xunta resuelva los expedientes de regulación (ERE) y los despidos, que en buscar soluciones reales".
Unas 10.000 familias dependen directa o indirectamente del sector, que lleva meses sin anunciar nuevas contrataciones. Su peso en el PIB ronda el 4%.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de septiembre de 2011