El Gobierno de Extremadura va a encargar un informe al Consejo Consultivo de su comunidad para determinar la posibilidad de formular un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma legal que afecta a las competencias del Guadalquivir y el Duero aprobada el pasado jueves en el Congreso. Esta comunidad, cuando todavía estaba gobernada por los socialistas, ya consiguió que el Tribunal Constitucional le diera la razón en su recurso contra el Estatuto andaluz, que permitió en 2009 que el Estado transfiriera a la Junta las competencias de la cuenca del río.
Según señaló ayer el consejero extremeño de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri (PP), el Consejo de Gobierno adoptó dicha decisión al entender que la reforma "puede perjudicar" a su comunidad. El Congreso aprobó esta semana una reforma de la Ley de Aguas para que algunas comunidades puedan asumir, entre otros asuntos, las funciones de policía hidráulica.
Según Echávarri, el Gobierno extremeño "sigue considerando que la gestión de los ríos debe ser por el Gobierno central y no por cada una de las comunidades". E insistió en que el Ejecutivo autónomo mantiene la postura de "aceptar" la sentencia del Tribunal Constitucional tras los recursos formulados por la comunidad extremeña en los que se "dice que los ríos no son troceables y que cuando discurren por varias comunidades las competencias las tiene que tener el Estado".
El consejero reconoció que se trata de ríos que "tampoco tienen mucha incidencia" en Extremadura, debido a que "únicamente" el 2,35% de la cuenca del Guadalquivir pasa por Extremadura (unos 1.400 kilómetros) y el Duero por 35 kilómetros de la región.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de septiembre de 2011