Desde la Transición hasta los primeros años noventa del siglo pasado, los concejales que salían elegidos en las elecciones municipales se ocupaban de la dirección y el control de los servicios públicos que les delegaba el alcalde, el cual actuaba como coordinador general.
A pesar de que la inmensa mayoría de esos servicios eran gestionados directamente por el Ayuntamiento, los sueldos que se fijaban aquellos cargos políticos, en su mayoría, eran más bien bajos. Sin embargo, a partir de la segunda parte de los años noventa, con la llegada del Partido Popular a los Ayuntamientos, los servicios públicos comenzaron a privatizarse, de manera que la dedicación de los ediles fue reduciéndose progresivamente, pero no sus retribuciones, que, por el contrario, iniciaron subidas espectaculares.
Hoy resulta que la inmensa mayoría de los servicios que prestan las Administraciones locales se encuentran privatizados y, sin embargo, los concejales responsables, a pesar de la descarga de trabajo que supone el desvío de la gestión, perciben salarios y gozan de prebendas, en muchos casos escandalosas.
Ya va siendo hora de que los municipios reciban los fondos del Estado que reclaman, pero también de que la lógica y el sentido común entren a formar parte de la legislación de régimen local.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de septiembre de 2011