La Diputación de Gipuzkoa arrojó ayer algo de luz sobre las consecuencias del endurecimiento de los requisitos de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social pactado entre el Gobierno y el PP. Exigir tres años de empadronamiento en vez de los doce meses actuales supondrá que alrededor de 600 personas se queden cada año sin poder pedir la ayuda en esta provincia, 1.800 en tres años, añadieron.Hoy en día hay una media de 51 personas que piden ayudas sociales con menos de tres años de empadronamiento.
El diputado foral Ander Rodríguez mostró su "preocupación" ante estos "recortes sociales" y criticó a la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, por no razonar esta medida. Al mismo tiempo, censuró que el acuerdo para la reforma legal impulsala "criminalización, exclusión y persecución de la población pobre e inmigrante".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de septiembre de 2011