El PSE quiere impulsar un cambio normativo en las Juntas Generales de Bizkaia que permita a la comisión del Parlamento vasco que investiga la presunta trama corrupta del caso De Miguel acceder a los datos fiscales de empresas implicadas en la trama que la Diputación de Bizkaia se niega a entregar.
El grupo socialista plantea una norma que establezca el "deber de la Administración foral tributaria a comunicar a las comisiones parlamentarias [tanto de la Cámara vasca como del Legislativo provincial]" toda información o documentos requeridos sobre personas físicas o jurídicas que resulten imprescindibles para avanzar en la investigación.
"Más allá de posibles consideraciones políticas respecto a la negativa" de la Diputación, recalca la iniciativa presentada por Iñaki Egaña, el PSE recuerda que "las tramas económicas rara vez se centran en personas físicas, sino que utilizan personas interpuestas a través de entidades jurídicas".
El PSE recuerda que las tramas usan a personas y firmas interpuestas
Los socialistas quieren que la Diputación esté obligada a facilitar los datos sobre cargos públicos, electos o designados, cuya actuación sea objeto de investigación. También pide acceder a los del entorno familiar directo del implicado: pareja, hijos u otros familiares.
El texto precisa que las comisiones puedan solicitar información de las compañías en las que los implicados o sus familiares tengan participaciones de al menos 10% o en cuya dirección, asesoramiento o administración hayan participado.
También pide acceso a la información ligada a la investigación sobre entidades que hayan mantenido relaciones comerciales con las Administraciones o hayan sido subcontratadas por estas. La iniciativa sería debatida en pleno. Los datos facilitatos solo se harían públicos si forman parte de las conclusiones de la comisión investigadora.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de septiembre de 2011