El 20-N votaré a un determinado partido con cuyo programa me pueda identificar, no solo por ideología, sino también por intereses (la vida es así) y en cuyos gestores, futuros diputados y senadores, pueda confiar. Pero resulta que la lista de candidatos de mi provincia, A, está compuesta por: cabeza de lista, un señor que en su vida ha pisado esta tierra, pero que se ha visto desplazado hasta esta lista porque su puesto previsto en la provincia B ha sido ocupado por otro candidato, que a su vez fue desplazado de la provincia C por otra candidata, que fue impuesta por los órganos del partido, pues se le debían unos favores o una buena gestión anterior.
Le sigue en la lista una señora cuya relación con mi provincia A es que hace años vino de cámping y ha sido designada por los órganos de gobierno del partido como agradecimiento a su labor en la televisión pública de la provincia D...
Y así se podría seguir hasta los puestos donde ya se prevea que no van a tener representatividad. Y eso no es todo. Una vez iniciada la legislatura, entra en juego el trueque de pactos puntuales, a veces esperpénticos y contra natura. Con todo esto, queda muy disminuida la principal cualidad de un sistema electoral democrático: la representatividad del voto. Gracias al mío saldrán elegidos diputados y senadores a los cuales ni conozco. Y gracias a mi voto se formarán alianzas que ahora ni me imagino y de las que nadie me ha informado en su programa. Algo falla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de septiembre de 2011