El Pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, que ya había recibido la luz verde del Congreso de los Diputados. El texto entrará en vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio de Interior cifra en 5.798 las víctimas directas por terrorismo (por atentados de ETA, del 11-M, los GRAPO, los GAL, la Triple A y los que sufrieron soldados en misiones de paz). De ellas, 1.386 son fallecidos y, el resto, heridos.
La ley incluye una nueva tabla de indemnizaciones y tendrá efectos retroactivos desde enero de 1960. Se incluye así a la familia de la niña Begoña Urroz, de 22 meses, que falleció el 27 de junio de 1960 tras la explosión de una maleta que ETA había colocado en la estación de Amara, en San Sebastián. ETA no reivindicó aquel atentado y durante casi 50 años se consideró que la primera víctima de la banda terrorista era el guardia civil José Pardines Arcaya, de 25 años, que murió el 7 de junio de 1968. La actual ley de protección, ahora modificada, aplicaba la protección a las víctimas solo a partir de aquella fecha.
Otra novedad es que quienes acrediten sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención por parte de las Administraciones públicas.
El ámbito de aplicación de la ley incluye, además de los atentados cometidos en territorio español o bajo jurisdicción española, a quienes sufran ataques en el extranjero aunque no sea contra intereses españoles. Igualmente, se incluye a los extranjeros que sufran un atentado en España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de septiembre de 2011