El cuarto año consecutivo de crecimiento del alumnado universitario en España, después de ocho de descensos, coincide con una época de recortes en los campus públicos: en 2011 han perdido unos 300 millones de euros. Este curso habrá 1.650.000 universitarios, 73.344 más que el curso pasado, y 150.000 más que en el curso 2007-2008. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ofreció ayer estos datos a los rectores en la última reunión de esta legislatura del Consejo de Universidades.
Mientras los alumnos crecen y los profesores decrecen por la crisis (las universidades no están renovando a muchos profesores asociados, sin plaza fija), también sigue aumentando el número de titulaciones. Este curso las universidades ofrecen 2.402 grados, los títulos que sustituyen a las antiguas licenciaturas y diplomaturas (64 más que el año pasado), 2.763 másteres (334 más) y 1.784 programas de doctorado (160 más).
Ello, a pesar de las advertencias que desde hace años hacen distintos sectores (incluidos algunos documentos ministeriales) de que la oferta es excesiva y que lo razonable sería concentrar algunas carreras con pocos alumnos en menos universidades.
Decretos polémicos
Aparte de las cifras del curso que acaba de empezar, Gabilondo y los rectores discutieron los proyectos de real decreto para regular la carrera profesional de los profesores e investigadores universitarios y el retraso de la edad de jubilación hasta los 75 años si cumplen ciertos requisitos de méritos de docencia e investigación. Ambos textos han provocado una gran polémica dentro de las universidades, por lo que el ministro tendrá que decidir en los próximos días si sigue adelante con ellos e intenta aprobarlos antes de que termine la legislatura (las elecciones generales se celebrarán el próximo 20 de noviembre), cosa que solo hará si hay un amplio consenso entre sindicatos, rectores y comunidades autónomas, según fuentes del Ministerio de Educación.
Quizá el estatuto docente, cuyo objetivo es regular su carrera profesional y hacerla más atractiva, es el que ha generado más conflicto. Tanto un nutrido grupo de prestigiosos académicos como los sindicatos se han opuesto a él, aunque lo han hecho por motivos opuestos. Unos porque creen que sindicaliza la universidad, los otros, porque consideran que diluye el papel de los representantes de los trabajadores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de septiembre de 2011