La petición a la banca para que ayude a proteger los fondos de personas con discapacidad advirtiendo al ministerio público de cualquier movimiento extraño que se detecte en sus cuentas, que se adoptó el 7 de septiembre por primera vez en territorio valenciano, se extenderá a toda España.
Así se lo ha trasladado el fiscal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo al fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, y al teniente fiscal, Gonzalo López Ebri, que es también el coordinador en el ámbito de la protección de personas con discapacidad en la comunidad autónoma.
La petición dirigida a los presidentes de la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito pretende formalizar lo que hasta ahora han sido avisos espontáneos realizados desde oficinas bancarias a la fiscalía, que han evitado que los fondos de clientes con discapacidad fueran saqueados por terceras personas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de septiembre de 2011