El impago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de los casi 80 edificios transferidos por la Tesorería General de la Seguridad Social a Castilla-La Mancha enfrentó ayer a su secretario de Estado, Octavio Granado, y al Gobierno regional, que preside Dolores de Cospedal (PP). Un informe de la Dirección General de la Tesorería alertaba de que había recibido notificaciones por vía de apremio y amenazas de embargo por el impago del tributo correspondiente a 2011, pese a que sus bienes son inembargables. Granado corroboró el documento en la cadena SER.
La Consejería de Economía de la Junta desmintió el contenido del informe y reconoció un impago del IBI de 1.176.488 euros y notificaciones de apremio emitidas únicamente en Albacete, de cuyo abono responsabilizó al anterior Gobierno socialista por ser previas al 22 de junio, fecha de la toma de posesión de Cospedal.
Fuentes de la Seguridad Social negaron a EL PAÍS que a la Tesorería se le adeudaran esos casi dos millones y facilitaron notificaciones de apremio correspondientes a tres provincias cuyo plazo voluntario acaba en julio, septiembre y octubre. En medio de esta espiral de desmentidos, la Junta no aclara si abonará el IBI y pedirá la paralización de las providencias de embargo. La Tesorería recela de que el Gobierno Cospedal pague ese tributo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de septiembre de 2011