La Asociación de Vecinos de Rekalde, barrio de Bilbao donde se encontraba el gaztetxe ahora derribado en cumplimiento de una orden judicial, llevarán la polémica del desalojo de este edificio a Amnistía Internacional, en su delegación de Londres para que abra una investigación. A su vez, este grupo de vecinos, según explicó ayer, exigirá una investigación parlamentaria sobre la actuación policial y en el caso de que no se adopten "medidas sancionadoras", dicen que están dispuestos a llegar, incluso, al relator de la ONU.
Mientras, la izquierda abertzale ha mantenido sus acusaciones sobre Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, y Rodolfo Ares, consejero vasco de Interior, pero ha desplazado a Bildu del cuerpo a cuerpo con el Ayuntamiento en este conflicto para evitar posiblemente una mayor identificación. La antigua Batasuna acusa a Azkuna y Ares de "impulsores" de los graves incidentes registrados y de haber creado "una situación explosiva" al "impulsar, amparar y justificar la violenta actuación de la Ertzaintza".
Desde Bildu, se busca restablecer una relación entre los afectados por el desalojo y el Ayuntamiento para así situar a los auténticos protagonistas del conflicto abierto y al que no se vincule, de paso, a la coalición abertzale. El propio alcalde no dudó en situar a Bildu detrás de Kukutza desde el primer día que se registraron incidentes.
A su vez, dentro de las secuelas de los incidentes, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz, ha pedido que Bildu y Kukutza paguen los 140.000 euros de daños provocados por los disturbios que se produjeron tras el controvertido cierre del local.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de septiembre de 2011