Troy Davis fue acusado a los 20 años de la muerte del policía Mark McPhail; dos años después, en 1991, pese a que el juicio celebrado estuvo plagado de irregularidades -no se encontró el arma homicida, no existía ninguna prueba material de la relación de Troy Davis con el crimen, y la acusación solo se basaba en declaraciones de testigos- se le condenó a morir ejecutado en Georgia, Estados Unidos.
Troy Davis pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, sometido a la tortura de saberse condenado a muerte, proclamando su inocencia hasta el final, no cejando en su empeño de encontrar la verdad y no amedrentándose, pese a la propuesta de no condenarle a muerte si se declaraba culpable.
Durante los 20 años de agónica lucha contra esta condena que han llevado a cabo defensores de derechos humanos, organizaciones contra la pena de muerte y sobre todo, la familia de Troy Davis, se ha conseguido sacar los colores al sistema de "justicia" del Estado de Georgia, hacer que se retracten siete de los 10 testigos que declararon contra Troy Davis alegando que su relato se encontraba viciado por presiones de la policía, crear un movimiento de apoyo internacional y la petición de la UE, El Vaticano y Amnistía Internacional de paralizar la ejecución. Pero no se ha conseguido que la ley esté a favor de la justicia y en contra de la pena de muerte.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de septiembre de 2011