El constructor Prudencio Hierro y el responsable de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide, dos de los más recientes imputados por la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, tendrán que declarar ante la comisión del Parlamento vasco que indaga sobre los hechos para depurar responsabilidades políticas.
Hierro estaba citado para el próximo 6 de noviembre, pero al estar ya convocado para ese día por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que investiga la supuesta trama corrupta, de la comisión ha tenido que aplazar su comparecencia hasta encontrar un hueco en las distintas agendas por cuadrar, según fuentes parlamentarias.
Larrabide, quien ya declaró ante el juez el pasado 19 de septiembre, alegó motivos de salud para solicitar que pudiese responder a las preguntas por escrito, lo que le permitirá eludir el mal trago de ver su imagen entrando y saliendo del Parlamento retratada en los medios de comunicación. En el Palacio de Justicia consiguió eludir a los fotógrafos que esperaban ante la entrada principal.
El directivo, que compagina su labor como responsable en Álava de la entidad financiera con la coordinación de las operaciones en las tres provincias -también es responsable de relaciones institucionales- afirmó ante el juez que estuvo de baja durante la firma del contrato que originó la denuncia por extorsión de la abogada que destapó la trama, Ainhoa Alberdi. También recalcó que no conoció al exdirigente del PNV alavés y supuesto cerebro de la trama, Alfredo de Miguel, hasta mediados de 2007. Respondió a todas las preguntas planteadas en sede judicial.
Hierro, por su parte, amigo personal del también exdiputado foral, es responsable de varias empresas investigadas por pago de comisiones ilegales o adjudicaciones supuestamente irregulares.
Declaración aplazada
Por otro lado, la declaración como imputada de Aintzane de Miguel, hermana del exdirigente del PNV alavés, prevista para ayer, se ha postergado otra vez por motivos de agenda. La fecha prevista ahora es el 3 de noviembre.
El presidente de la comisión de investigación, Juanjo Agirrezabala, de EA, quiere terminar el borrador del dictamen final con suficiente margen como para que pueda ser votado en el pleno de la Cámara antes de finales de año.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de octubre de 2011