Montar una fiesta mayor es algo más complicado de lo que puede llegar a parecer. Contratar a tal orquesta para el baile, programar un grupo de animación infantil o conseguir que la banda pop de moda pase por el pueblo de uno no es tarea fácil. De ahí que la figura del representante artístico tenga su porqué: contactos, conocimiento de normativas de riesgos laborales, asesoramiento en el aspecto fiscal y, además, sentido artístico. Pero debido a la omnipresente crisis económica, tanto Ayuntamientos -que son el principal contratista- como músicos pueden preferir reducir gastos con los intermediarios. Los promotores musicales alertan de que el intrusismo llega al 25% en las fiestas mayores catalanas.
Esta situación la denunciaron ayer los representantes de la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Cataluña (ARC), que agrupa a un 90% de los profesionales del ámbito. ¿Esto es nuevo? Pues no. "El problema siempre ha existido, pero con la crisis ha habido un aumento de intrusos que intentan buscar nuevas formas de ingresos", apuntó ayer el vicepresidente de la asociación, Albert Mas, en referencia a personas no cualificadas que trabajan como agentes musicales y ejercen una mala praxis. Hay que tener en cuenta, además, que desde hace poco más de dos años han aumentado las visitas de la Inspección de Trabajo a los organizadores de estos eventos. A modo de ejemplo: un bolo que cueste 1.000 euros, si no se ha dado de alta en la Seguridad Social a los músicos, puede comportar una multa que va de 5.000 a 7.000 euros.
Por ello, la ARC quiere concienciar a las empresas que contratan espectáculos, fundamentalmente a los Ayuntamientos, para que lo hagan acudiendo a profesionales y no mediante "la primera persona que pasa por allí", porque están aumentando las multas a los Consistorios. Otra cosa son los artistas que, como reconoce Mas, "cogen el trabajo a pesar de que esté mal gestionado porque hace falta dinero".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de octubre de 2011