La irrupción, sin previo aviso, de los Mossos d'Esquadra en la cafetería de la Ciudad de la Justicia de Barcelona amenaza con abrir una brecha entre los jueces y el Departamento de Interior. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha convocado una reunión extraordinaria para la próxima semana para analizar los incidentes. El juez Eloy Velasco había ordenado tomar declaración y citar en la Audiencia Nacional a 22 indignados del 15-M que participaron en el acoso a políticos catalanes a su llegada al Parlamento autónomo el 15 de junio. Seis de ellos se presentaron ante el juez de guardia de Barcelona el jueves pasado, pero 50 mossos entraron en el edificio y los detuvieron.
Los indignados acudieron al juez para mostrar su "disposición" a declarar. El magistrado alertó a la Audiencia Nacional pero no dio con Velasco. Los Mossos afirman que lograron la autorización de la Audiencia para detenerlos, pero fuentes de este tribunal aseguran que los agentes solo informaron de los arrestos una vez realizados.
Ni el juez de guardia, Josep Maria Miquel Porras, ni la juez decana de Barcelona y responsable del edificio, Maria Josep Feliu, fueron avisados de la actuación policial. Además de convocar la reunión de la Sala de Gobierno, el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, ha pedido a los dos jueces un "informe exhaustivo".
Tres de los indignados detenidos anteriormente declararon ayer en la Audiencia y aseguraron que no pretendieron "ejercer la violencia" sobre los diputados catalanes. Los tres quedaron en libertad, con obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de octubre de 2011