Aunque es posible que sus telespectadores y radioyentes ni siquiera se enteren, hoy los trabajadores de los medios públicos gallegos están en huelga. Protestan contra el pacto entre PP y PSdeG para cambiar la ley que rige la CRTVG, porque creen que abre la puerta a una rebaja de sus condiciones laborales y a una drástica reducción de la plantilla. No es tanto una queja contra el modelo acordado o contra una supuesta privatización del ente, sino que quieren forzar a los grupos mayoritarios a que incluyan una cláusula que garantice sus derechos, incluida su continuidad en la tele y la radio autonómicas.
Se medirá, así, el grado de oposición interna a un cambio legal que ha planeado sobre el debate político gallego desde hace años y que, después de varios intentos durante la legislatura del bipartito, se ha logrado tras un año de negociaciones. Un consenso del que se ha descolgado el BNG. A pesar de que los nacionalistas centran sus discrepancias en cuestiones como la composición del consejo de administración, se han puesto del lado sindical. Alertan de que, de soír sus reclamaciones, se producirá una conflictividad aún mayor en un ente que se enfrenta en los tribunales a unas 300 demandas -la mayoría ya resueltas en contra de la dirección-por infracciones laborales. Puesto que desde 1992 no se convocan oposiciones, muchos de los trabajadores actuales no tienen plaza de funcionario, aunque llevan años y algunos décadas en la empresa, si bien para acceder no tuvieron que superar ningún examen.
PP y PSOE creen que una norma no es lugar para fijar el cuadro de personal
El BNG se coloca del lado del comité de empresa para no generar más conflicto
El seguimiento del paro determinará si se convocan nuevas jornadas de huelga -las que se barajaban para los días sucesivos han sido desactivadas- y, sobre todo, la capacidad de presión de los trabajadores para modificar un texto que enfila la recta final de su trámite parlamentario. De entrada, denuncian unos "abusivos" servicios mínimos impuestos por la dirección, que, según el comité interempresas, impedirán que la protesta llegue a la audiencia.
La empresa ha ordenado que los informativos de A Galega se emitan en su versión íntegra, y que trabajen unos 220 trabajadores, por cerca de 50 en la radio y dos en la compañía. "Más que en un día festivo", se quejan fuentes del comité de empresa, que reprochan a la dirección haber hecho caso omiso de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de marzo de este año, que revoca un decreto de la Xunta sobre una huelga anterior, que juzgaba excesivos los servicios mínimos impuestos, similares a los de ahora. Así, solo se suspenderán los programas en directo que no sean informativos, y ningún rótulo sobreimpreso en pantalla advertirá a los espectadores que los trabajadores están en huelga, como ocurrió en paros anteriores en TVE.
La posibilidad de que se introduzca en la nueva norma la subrogación de los derechos, tal y como se hizo en la reforma de RTVE, parece poco factible, puesto que el PP no está dispuesto. Su portavoz, Pedro Puy, admite que se trata de una reclamación "legítima", pero aduce que no afecta al "interés general" y por tanto, no es susceptible de formar parte del cuerpo legislativo.
Puy explica que esa cuestión debe sustanciarse en el mandato-marco, una especie de plan empresarial a nueve años, que seguirá a la creación de la nueva corporación. También se han comprometido a pactarlo con el PSdeG y deberá refrendarse en el Parlamento."Eso (que la no inclusión de la cláusula en la ley implique un recorte profundo del número de empleados) es prejuzgar", enfatiza, tras apuntar que el mandato-marco "puede establecer que se incremente la plantilla indefinidamente". Es decir, que también puede establecer lo contrario.
El diputado socialista José Manuel Lage, que trabajó en la ponencia conjunta con Puy, apuesta por satisfacer la reclamación e incluir esa disposición adicional. En cualquier caso, interpreta que los derechos laborales ya están protegidos por la legislación vigente, por lo que sería "reiterativa" y no generaría "ningún derecho nuevo". Aboga por convencer a Puy, dado que es una petición unánime de los sindicatos, pero coincide con el popular en que una ley no es el lugar para plasmar el cuadro de personal de una empresa pública.
Oposiciones en los tribunales
La cuestión de la reforma legal de la CRTVG no es el único foco de discordia con el que conviven unos trabajadores acostumbrados a las tribulaciones laborales. El debate parlamentario se desarrolla en paralelo a la oposición, que va quemando etapas. No obstante, es probable que finalmente no sea el tribunal nombrado a dedo por el director del ente el que tenga la última palabra, sino la justicia ordinaria.
Unos 200 -de 2.200- aspirantes ya han presentado recursos contencioso-administrativos contra las bases de una convocatoria por la que se repartirán 193 plazas. La dirección decidió que no computase la antigüedad de los empleados contratados a través de productoras privadas, un modelo que la Justicia dictaminó reiteradamente como cesión ilegal, obligando a la compañía a integrar en su plantilla a los afectados que han denunciado. Muchos de ellos trabajaban en las delegaciones cerradas el pasado noviembre. En cambio, sí se tienen en cuenta a los que entraron a través de ETT o con contratos artísticos. El comité interempresas cree que se está vulnerando la igualdad de competencia, no ya con los aspirantes de fuera, que tienen nulas posibilidades de acceder a una plaza, sino entre compañeros.
"No entendemos a dónde va esta oferta pública de empleo", señalan fuentes del comité que prevén que, cuando los tribunales resuelvan las denuncias, se pueden dar casos en que los empleados de productoras privadas se les reconozca la antigüedad negada en las bases, de forma que desplacen a gente que, en primera instancia, habría logrado la plaza.
Se calcula que el proceso, sin contar las resoluciones judiciales, se demorará hasta abril. Estas semanas se están realizando las pruebas de gallego oral y se baraja el 17 de diciembre como fecha para la controvertida prueba tipo test, de la que los aspirantes ya conocen una batería previa de preguntas. A partir de ese momento se realizará la baremación de los méritos de cada aspirante, un trámite complejo que llevará varios meses. Pero ni siquiera cuando eso se resuelva podrán estar tranquilos los 193 que consigan la plaza. Tendrán que seguir con un ojo pendiente de la justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2011