En estos días, los casi millón y medio de españoles con derecho a voto que residimos en el extranjero estamos recibiendo vía postal el formulario de solicitud de voto para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. El llamado voto rogado. En la misiva se nos insta a adjuntar fotocopia del DNI, pasaporte, certificado de nacionalidad o de inscripción consular y reenviar por correo la solicitud a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Lo que no se indica es quién y cómo correrá con los gastos ocasionados, por lo que se puede concluir que es el propio elector quien, para ejercitar su derecho constitucional a participar en el proceso electoral, tendrá que abonarlos de su propio bolsillo. Si la mera existencia del voto rogado discrimina al colectivo español en la diáspora, el costear en parte el proceso electoral nos convierte en inmerecidos e involuntarios mecenas y nos relega a ciudadanos de segunda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2011