Mireia Mollà, diputada autonómica por Alicante de la formación Compromís, aseguró ayer que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, no ha logrado, en las sucesivas entregas de documentos que ha facilitado esta semana, refutar el supuesto trato de favor a Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Por mucho que le pese a Castedo, la prensa, en el ejercicio de su libertad, ha publicado informaciones sobre esta rama del caso Brugal que dibujan un escenario bochornoso: el de unos políticos que, a través de viajes en barco y a golpe de regalos como viajes o coches, habrían tratado la redacción del PGOU como un negocio suculento para ellos y para sus amigos", aseveró.
En opinión de Mollà, la documentación que la regidora ha hecho pública para desbaratar las acusaciones de la policía y el fiscal Anticorrupción "no la eximen de los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada que le atribuye el fiscal". La diputada de Compromís reiteró que "por muchos papeles que ahora insista en presentar Castedo, no ha podido demostrar que no diera información privilegiada al empresario Enrique Ortiz, que no recibiera regalos de este o que, en definitiva, el documento clave en el planeamiento urbanístico de Alicante no se cocinara entre este, la alcaldesa y su predecesor y diputado en las Cortes Luis Díaz Alperi".
Castedo ha facilitado documentos que, en su opinión, demuestran que las acusaciones del fiscal y la policía son "erróneas" porque el actual PGOU no recoge ninguna de las aspiraciones de Ortiz. Castedo, no obstante, no ha hecho ningún comentario sobre las escuchas telefónicas, pilar de la investigación que, más tarde, dio pie a la acusación del fiscal Anticorrupción en el sumario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de octubre de 2011