El PSOE hizo valer ayer su mayoría en la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso para vetar todas las comparecencias de miembros del Gobierno solicitadas por la oposición. Especialmente, la del ministro de Fomento, José Blanco, exigida por el PP para que explique sus relaciones con un empresario gallego que le implica en un supuesto cobro de comisiones.
Los socialistas impidieron la comparecencia utilizando como argumentos los esgrimidos en 2004 por el PP y, sobre todo, la ausencia de precedentes. Según explicó la vicepresidenta del Congreso y diputada socialista Teresa Cunillera, nunca antes ha habido comparecencias de miembros del Gobierno con las Cámaras disueltas. La única excepción fue en 1982 para que el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, informara, a petición propia, sobre un intento de golpe de Estado. La práctica parlamentaria, con mayorías del PSOE y del PP, es que la Diputación Permanente solo está para convalidar decretos, pero no para controlar al Gobierno. Es cierto, no obstante, que en 2004, la oposición socialista rechazó esa tesis e intentó infructuosamente pedir explicaciones al Gobierno de José María Aznar sobre la guerra de Irak. Junto a la petición del PP sobre Blanco, los tres representantes del PSOE en la Mesa rechazaron también las comparecencias de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y de la ministra de Defensa, Carme Chacón. Esas peticiones fueron realizadas por IU y BNG para que explicaran las remuneraciones de los directivos de las empresas y la participación de España en el escudo antimisiles.
No obstante, Ana Pastor (PP) aseguró que, pese a la disolución de las Cámaras, "a todos los efectos jurídicos se mantiene en vigor la primacía parlamentaria y, por lo tanto, una función fundamental de las Cortes es la de control al Gobierno".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de octubre de 2011