Junta y Gobierno vuelven a apurar los plazos para resolver el modelo de gestión del Guadalquivir, después de que el Tribunal Constitucional anulara en marzo el artículo del Estatuto que permitió el traspaso en 2009 de las competencias sobre las aguas de la cuenca que discurren por la comunidad. Tras la sentencia, las dos Administraciones aprobaron una encomienda para evitar la inseguridad jurídica y buscar una solución. La encomienda, que tenía una vigencia de seis meses, caducó sin que la Junta y el Gobierno se pusieran de acuerdo. Tuvieron que prorrogarla 15 días, que se cumplen mañana.
Anoche no había acuerdo. El Gobierno envió ayer un documento con una nueva propuesta, que la Junta estaba estudiando para ver si cumple con sus expectativas. Según fuentes de la Junta, hasta ayer mismo no les habían remitido una "propuesta concreta". Si no encuentran una solución en la que Andalucía asuma la gestión de algunas funciones, todas las competencias deben volver al Estado en aplicación de los fallos del Constitucional y el Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de octubre de 2011