El 11 de mayo de este año el TSJ valenciano resolvió que la empresa Urbaser debió haber sido la adjudicataria del contrato de recogida de basura de Orihuela en 2006, un concurso que declaró desierto el Gobierno popular de Mónica Lorente nada más llegar a la alcaldía en 2007 para volverlo a licitar y adjudicárselo a la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast, oferta tras la que supuestamente se ocultó a través de testaferros el empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal.
Sin embargo, la sentencia no recogía cómo y cuándo cumplirla. Urbaser pretende recuperar la concesión o una indemnización millonaria que no ha fijado. Pero la resolución del actual contrato también daría pie a un nuevo proceso judicial del adjudicatario final.
En esta situación, el tripartito que dirige actualmente el Consistorio oriolano ha decidido llevar al próximo pleno una propuesta de acuerdo para trasladar al juzgado de Elche que falló en primera instancia dándole la razón a Urbaser una petición de aclaración sobre los pasos a seguir para dar cumplimiento a la sentencia del TSJ.
En todo caso, la actual concejal de Contratación, Asunción Mayoral, adelantó ayer que la exregidora ya abonó a una asesoría jurídica de Murcia 41.700 euros para la defensa del Ayuntamiento y que la condena en costas les costará "cientos de miles" más.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de octubre de 2011