Competencia ha multado con 47 millones de euros a 47 empresas constructoras por un pacto previo entre ellas que ha costado al Estado, o sea, a nosotros, 14 millones. Bien, es lo lógico, que se pague con creces el dolo causado. Pero creo que la justicia se queda corta, como siempre sucede con los poderosos, porque quienes desde las ejecutivas de las empresas incumplen la ley deberían, al menos, ser inhabilitados para los cargos que desempeñan, por un tiempo o a perpetuidad, eso en el terreno administrativo, pero el robo está tipificado en el Código Penal y tiene sanción de cárcel. Y quitarnos tantos millones de euros como explicita la sentencia es un robo. O eso pensamos los ciudadanos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de octubre de 2011