El gobierno de Porriño, que preside Nelson Santos (PP), aprobó el pasado lunes la segunda formalización de un crédito extraordinario para pagar 672.583 euros en facturas que cuentan, todas y cada una de ellas, con informes negativos de la intervención y de la secretaría municipal, ya que el gasto se realizó directamente, durante el período electoral de las municipales, sin consignación presupuestaria ni ningún control administrativo.
Estas prácticas están estrictamente prohibidas por la vigente Ley de Contratos de la Administración y suponen un modo irregular de funcionamiento municipal, según Raúl Francés, portavoz del BNG en el Ayuntamiento, que las asoció al fomento de "la contratación a dedo de ciertas empresas, algunas directamente ligadas con personas del PP y del entorno del gobierno local". "Por haber denunciado estas prácticas", añadió Francés, "fuimos insultados de palabra y por escrito en las elecciones municipales con el epíteto de miserables unidos, cuando todo lo que afirmábamos entonces está ahora documentado en las actas del pleno y con informes independientes de intervención y secretaría".
El BNG pidió el lunes la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades, lo que el PP rechazó sin dar ninguna explicación. El Bloque busca otra manera de que la investigación se realice y "no queden los actos impunes".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de noviembre de 2011